DURANTE muchos años las sociedades de pescadores fueron el referente obligado, el cauce necesario, entre los aficionados al deporte de la pesca y la Administración. Riomonte o Venatoria, por citar dos de las más antiguas, contaban con miles de asociados que pagaban religiosamente su cuota anual, lo que las proporcionaba los necesarios ingresos para mantener su actividad asociativa y la fuerza precisa para defender las tesis de los pescadores ante el organismo administrativo. Los pescadores asociados disfrutaban de una reducción del 50 % en los permisos de pesca, lo que suponía mas o menos en términos monetarios una cifra similar o algo superior al importe de la cuota social. A lo largo de la década de los 80 fueron apareciendo nuevas sociedades que vinieron a estimular la capacidad reivindicativa de las dos pioneras, pese a que su número de asociados era sensiblemente inferior: Esla, Pesca Club de La Bañeza, Endesa de Ponferrada, Río Sil o A.L.P.M. entre otras fueron completando un panorama muy rico en el mundo de la pesca.

El colectivo de pescadores nunca ha estado especialmente cohesionado. Determinados intereses como pueden ser las diferentes modalidades legales (cebo natural, cucharilla, mosca ahogada, mosca seca...) priman en ocasiones por encima de los intereses generales como son mantener una buena salud en los ríos para que cuenten con poblaciones de peces estables en sus aguas. Las sociedades junto con la Federación de Pesca eran los únicos instrumentos con capacidad de movilización ante las medidas, siempre restrictivas, que la Administración podía aplicar, no en vano la pesca ocupa uno de los últimos lugares en los usos del agua por detrás de abastecimientos, regadíos y producción hidroeléctrica. Desmovilizar a los pescadores interesaba a una Administración proclive a plegarse ante el poderoso, léase empresas y Ayuntamientos grandes. Tal vez por eso optaron por la asfixia económica privando a las sociedades del derecho que venían disfrutando en la reducción del 50 % en el precio de los permisos.

La medida provocó una reacción inmediata y el conflicto inundó los medios de comunicación de toda Castilla y León, de forma muy especial en las provincias de León Salamanca y Palencia. Tal vez por ello la Junta intentó suavizar la medida en base a presupuestar pequeñas partidas para subvencionar los gastos y actividades de las sociedades mas dinámicas. A la vez y en una medida marcadamente electoralista, concedía licencias gratuitas a los jubilados a los que también otorgaba la reducción del 50 % en los permisos. La política maquiavélica de la Junta ha logrado su propósito: Unas sociedades debilitadas y sin capacidad de movilización, alguna de las cuales vende a los pescadores por un plato de lentejas, arrimadas al pesebre administrativo. Convidados de piedra en los Consejos de Pesca a los representantes de los pescadores languidecen sin otro derecho que al pataleo. La Junta dispone del dinero y de la capacidad para conceder las subvenciones o no. Es además quien deniega o concede el título de sociedad colaboradora, requisito imprescindible para optar a las mismas. Cada vez mas desarmados los pescadores tradicionales han sido condenados a perder todas las batallas, pero quién mas perderá serán los ríos administrados por intereses políticos.